El gobierno argentino declaró nula la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, una vía fluvial crucial para el comercio del país. La decisión se tomó en medio de acusaciones contra la única empresa oferente, DEME, por supuestas acciones ilegales. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que DEME había "teñido el proceso" con denuncias y demandas, de las que se desistieron justo antes de la presentación de ofertas.
El gobierno justificó la cancelación de la licitación argumentando que se había comprometido a un proceso transparente y competitivo, y que se estableció como condición la cancelación si solo se presentaba un oferente. A pesar de la inscripción de 11 empresas y múltiples consultas, ninguna otra compañía presentó una oferta. Adicionalmente, el gobierno alega haber recibido presiones de sectores políticos y empresariales para modificar los requisitos técnicos.
La Hidrovía es una de las reservas hídricas más importantes del mundo y la principal vía de exportación de Argentina, transportando el 80% de los bienes exportados. Por ello, el gobierno insiste en la necesidad de un operador capacitado y con el mejor precio. La anulación de la licitación se basa en la premisa de que la oferta de DEME no cumplía con los estándares de transparencia y competencia que el gobierno buscaba.
Ante esta situación, el gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si existió una asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos. Se busca establecer responsabilidades penales en caso de intento de fraude y aclarar los acontecimientos ocurridos en el marco de esta polémica licitación.
