Un reciente informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) puso bajo el microscopio la distribución de las pensiones por invalidez en Argentina, revelando una situación preocupante en la provincia del Chaco. La provincia se posiciona como la que posee la mayor cantidad de pensiones por invalidez por cada mil habitantes, una cifra que desata dudas en medio de la auditoría que atraviesa la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por supuestas coimas.
Los números son contundentes: Chaco registra 86 pensiones por invalidez cada mil habitantes, una cifra que es diez veces superior a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El estudio de IDESA también subraya que Chaco tiene el doble de pensiones que provincias vecinas con perfiles socioeconómicos similares y, aún más llamativo, en Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes y La Rioja, existen más pensiones por invalidez que Certificados Únicos de Discapacidad (CUD).
Estas marcadas disparidades e inconsistencias sugieren "que los mecanismos aplicados fueron muy permeables a las irregularidades". El informe, fechado el 1 de septiembre de 2025, menciona que existen "claras evidencias de que muchas pensiones no contributivas por invalidez son fraudulentas", aunque también advierte sobre "errores en las auditorías" que están llevando a "bajas incorrectas".
El promedio nacional de pensiones por invalidez es de 25 por cada mil habitantes, una cifra muy por debajo de la chaqueña. En contraste, provincias como Chubut (15), Santa Cruz (14), Santa Fe (13), CABA (8) y Tierra del Fuego (7) muestran las menores cifras. Ante estos "indicios de ilegalidad tan sugerentes", IDESA enfatiza la necesidad de que el Estado ejecute un "plan de auditoría para depurar el padrón de beneficiarios".
Esta medida, según el informe, es crucial para corregir las deficiencias pasadas y "concentrar los recursos en mejorar la asistencia a personas discapacitadas y en estado de vulnerabilidad". Los hallazgos del estudio, que se basan en un análisis de la ANDIS, resaltan la urgencia de una revisión profunda para asegurar una gestión transparente y efectiva de los recursos públicos destinados a la discapacidad.
