El mandatario aseguró que "no hay elementos para culpar" a las políticas oficiales por este incremento, acusando además a la oposición de instrumentalizar políticamente estos datos con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.
En su disertación, el jefe de Estado explicó que la mora que se observa actualmente está estrechamente vinculada a préstamos otorgados durante el año 2024 y no a créditos de 2025, período en el cual las entidades bancarias racionaron el financiamiento. Según el presidente, el origen del problema se sitúa a finales de 2025, cuando la volatilidad preelectoral disparó el riesgo país y las tasas de interés, lo que terminó por enfriar la economía, congelar los ingresos y reducir los salarios reales, impidiendo que la gente pudiera pagar. Esta situación empujó a muchos deudores hacia entidades no bancarias y billeteras virtuales con tasas de interés significativamente más altas.
Ante las críticas por las elevadas tasas de interés, el mandatario defendió que una transacción de mayor riesgo incluye por definición una tasa de interés más alta. De igual manera, Milei minimizó la gravedad de la situación comparando los niveles de incumplimiento locales con los de Estados Unidos, donde la mora ronda el 13%. "Estamos discutiendo de algo que no es un verdadero problema cuantitativamente", sentenció, sosteniendo además que la morosidad es una consecuencia natural de la recomposición del crédito al sector privado.
El punto más firme de su exposición fue la ratificación de que el Gobierno no intervendrá para asistir a los deudores ni rescatar a los bancos. Milei apeló al concepto de "riesgo moral" para advertir que un rescate estatal generaría incentivos perversos en el sistema financiero. "Es un contrato entre privados", remarcó, añadiendo que resulta "injusto" e "inmoral" que el resto de los ciudadanos deba financiar con sus recursos los errores de cálculo de operaciones voluntarias ajenas.
Como única alternativa viable, el presidente señaló que la actual baja de tasas de interés está impulsando al propio sistema financiero privado a coordinar renegociaciones de estas deudas al 20% y con plazos de hasta tres años. Finalmente, adelantó que el rol del Estado se centrará únicamente en complementar normativas previas para proveer una mayor educación financiera y transparencia de la información para los deudores.
