Esta escalada judicial impacta de manera crítica en los pacientes, quienes ya no tramitan sus necesidades solo en las ventanillas de atención, sino a través de expedientes en la Justicia.
En las últimas semanas, se han multiplicado las denuncias de afiliados por demoras, interrupciones y cambios de prestadores sin respuestas claras, afectando especialmente a las terapias de alto costo. El uso de recursos de amparo se ha vuelto "estructural" en la provincia, convirtiéndose en la vía recurrente para intentar acceder a prestaciones que el sistema debería garantizar de forma automática.
La conflictividad también ha ganado las calles con movilizaciones de familias y pacientes que exigen la continuidad de sus tratamientos médicos ante la falta de insumos. Mientras la obra social se defiende caso por caso ante la Justicia, el Poder Ejecutivo avanza en paralelo con la reglamentación del régimen de retiro voluntario para los empleados estatales que aportan al organismo.
Este complejo escenario se enmarca en un contexto de fallas de control en el sistema de salud provincial, donde la Justicia federal ya pidió elevar a juicio una causa por recetas apócrifas que afectó fondos del PAMI. Ante la falta de soluciones administrativas, los tribunales se han convertido en el escenario central donde se dirime hoy el acceso a la salud de miles de afiliados.
