El Gobierno nacional planea avanzar este año con un proyecto de ley para habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), una iniciativa que busca permitir que los clubes puedan transformarse en sociedades comerciales con accionistas y fines de lucro.
La propuesta forma parte de la agenda legislativa que la Casa Rosada prevé impulsar durante 2026 y sería enviada al Congreso dentro de un paquete de reformas más amplio que incluye cambios al régimen de asociaciones civiles, modificaciones procesales y una reforma del Código Civil y Comercial.
Desde el Ejecutivo evitan precisar una fecha concreta para el envío del proyecto, aunque reconocen que el tema está entre las prioridades que el oficialismo pretende discutir durante el período de sesiones ordinarias. La intención es avanzar con cambios estructurales en el funcionamiento de distintas personas jurídicas, entre ellas los clubes deportivos.
El modelo de Sociedades Anónimas Deportivas es defendido por el Gobierno como una herramienta para atraer inversiones privadas, modernizar la gestión institucional y mejorar los niveles de transparencia en las administraciones de las entidades deportivas.
La iniciativa vuelve a escena en medio de un clima de tensión entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El presidente Javier Milei ya había intentado avanzar con esta reforma durante los primeros meses de su gestión a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, aunque esa vía quedó frenada tras una serie de decisiones judiciales.
En paralelo, el vínculo entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados. Desde el Ejecutivo anticiparon que continuarán las acciones judiciales y administrativas vinculadas a la entidad que conduce el fútbol nacional.
Entre las medidas impulsadas figuran denuncias realizadas a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la posible designación de veedores solicitados por la Inspección General de Justicia (IGJ) para auditar los balances de la asociación.
El conflicto se profundizó luego de que la AFA anunciara un paro tras la citación a indagatoria del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino en una causa que investiga una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de 19.353 millones de pesos.
En ese contexto, el Gobierno busca avanzar con reformas que modifiquen el régimen de asociaciones civiles y amplíen la autonomía contractual entre privados, un escenario que podría abrir un nuevo capítulo de tensión con distintos sectores institucionales del deporte argentino.
