Arregín explicó que, aunque el derecho penal sanciona conductas que perjudican al tesoro de la nación, no existen responsabilidades indirectas automáticas, sino que debe probarse una participación criminal. Según el especialista, "la justicia lo que debería definir es si Adorni cometió delito y a partir de ahí recién podríamos avanzar en investigar el conocimiento o no del presidente".
El especialista profundizó en el concepto de "culpa in vigilando", la responsabilidad de un jefe por no controlar que su equipo no cometa delitos, citando como precedente la destitución de Aníbal Ibarra tras la tragedia de Cromañón. Sobre el caso del vocero presidencial, Arregín señaló que se debe investigar la relación entre su patrimonio y sus ingresos reales. "Si es muy llamativo el incremento patrimonial, si se hace esta ostentación y no lo puede justificar, hay que establecer la responsabilidad", afirmó, advirtiendo que la omisión en la declaración jurada ya constituye un delito.
Durante la charla, Arregín lamentó la naturalización de la corrupción en la sociedad, mencionando un refrán popular que refleja esta tolerancia: "el que hace gárgaras algo traga". Para el abogado, existe una especie de "permiso social" donde se asume que quien ingresa a la política lo hace para enriquecerse, lo cual genera una profunda crisis moral. "Si yo te honro con la posibilidad de representarnos es porque confío en tu honestidad, no para que nos robes", sentenció comparando la administración pública con un negocio familiar.
El Dr. Arregín también cuestionó la tendencia de la justicia a investigar únicamente a quienes ya han dejado el poder, instando a los fiscales a actuar con independencia. Sostuvo que es necesario que los ciudadanos se involucren y denuncien el incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando no se investiga a quienes ejercen el mando. Según explicó, muchas veces la legislación va por detrás de las necesidades sociales, pero la sanción penal es clara respecto a las negociaciones incompatibles con la función pública.
Finalmente, el abogado destacó la importancia de espacios radiales para reflexionar sobre estas prácticas y tratar de erradicarlas. Aseguró que administrar la cosa pública debe ser en beneficio de la comunidad y no una "cacería para volvernos ricos a expensas de la gente". Arregín concluyó que el objetivo debe ser recuperar el sentido de honestidad y transparencia para que la ley se aplique por igual a todos, sin importar su jerarquía política.
