El texto apunta directamente contra los legisladores de Tucumán, Salta y Catamarca que apoyaron la iniciativa, acusándolos de votar "contra la doctrina histórica de nuestro movimiento".
La exmandataria, quien coordinó el mensaje desde su detención domiciliaria a través de José Mayans, advirtió que esta ley abre una "nueva etapa de precarización". Según el documento, los representantes que avalaron la norma no expresan al movimiento peronista, sino que responden a "otros intereses" ajenos a la justicia social.
Como consecuencia inmediata de esta tensión, el peronismo sufrió una nueva fractura en el Senado con la salida de tres legisladores del interbloque justicialista. Los senadores Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza conformarán un bloque propio, profundizando la división motorizada por los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz.
La respuesta de los mandatarios provinciales no tardó en llegar, especialmente por parte de Gustavo Sáenz, quien calificó al PJ Nacional como la "pyme familiar de CFK, su hijo y sus amigos". El gobernador salteño criticó que las autoridades partidarias sigan decidiendo "a dedo" desde Buenos Aires pese a los resultados de las últimas elecciones.
Finalmente, el comunicado del PJ reafirma que el país no necesita menos derechos, sino un modelo que apueste por la industria y mejores salarios. En medio de una interna recrudecida, la cúpula partidaria sentenció que el camino propuesto por el actual Gobierno "va a fracasar" por carecer de una apuesta genuina por el empleo digno.
