Tras un debate de casi cinco horas, el oficialismo en el Senado logró aprobar el proyecto de ley que propone la creación de un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”.

La votación resultó con 37 votos a favor, del Frente de Todos, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina); y 31 votos en contra, de Juntos por el Cambio y Alejandra Vigo (Córdoba Federal).

Estuvieron ausentes cuatro senadores: Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), Luis Juez (Pro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y José Torello (Pro).

El debate de la iniciativa fue el “plato fuerte” de la sesión, aunque ésta atravesó por varios picos de tensión y acusaciones cruzadas en su inicio, sobre todo en torno a la situación del Consejo de la Magistratura y la “pelea” por una banca entre senadoras.

El proyecto diseñado por el kirchnerista Oscar Parrilli fue presentado días después que se sancionara la ley de refinanciamiento de la deuda con el FMI, que dividió al Frente de Todos en ambas cámaras del Congreso.

La iniciativa fue girada ahora a la Cámara de Diputados, donde los números para el oficialismo asoman siempre más complicados a la hora de las negociaciones para alcanzar una mayoría necesaria.

El texto prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

El proyecto introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

El kirchnerismo tenía la intención de que este proyecto fuese tratado junto a otro que reforma las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, pero que no tuvo dictamen y se encuentra trabado.