En el marco de la reestructuración del Estado, el Gobierno nacional disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda mediante el Decreto 70/2025. La decisión responde a la intención de que la política de vivienda sea gestionada por provincias, municipios y el sector privado, reduciendo la intervención estatal.
Parte de las funciones de la Secretaría se desarrollaban a través de fondos fiduciarios, como PROCREAR y el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, que ya fueron cerrados por irregularidades en la ejecución de recursos. Además, se avanza en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).
Con este cambio, la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y la Dirección Nacional de Arquitectura pasarán a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.
El proceso de cierre será gradual, con una Unidad Ejecutora Especial Temporaria para garantizar la transición de responsabilidades. Desde Casa Rosada destacaron que esta medida busca reemplazar "el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad".
