Daniel Arroyo, presentado este viernes por el Presidente electo como futuro Ministro de Desarrollo Social, explicó algunos detalles de cómo funcionará la tarjeta de alimentos para madres con niños menores de 6 años. El programa llevará como nombre "Argentina contra el hambre", y el plan contempla, además, el apoyo a las producciones regionales y a los movimientos sociales.
Una tarjeta inteligente para comprar alimentos, destinada a madres de niños menores de 6 años y referentes de comedores populares; un seguimiento de la calidad de los productos comprados para fortalecer una política nutricional y la eliminación del IVA a productos de la Canasta Básica, pero sólo para sectores vulnerables, forman parte de las primeras medidas del plan nacional contra el hambre que diseña el presidente electo, Alberto Fernández.
“Vamos a implementar una tarjeta de alimentos, que no permite extraer dinero sino comprar alimentos, se carga y se compra”, explicó Arroyo hace unos días; y precisó que “la tarjeta de alimentos va a ser monitoreada para tener registro de los productos que se compran, así un conjunto de nutricionistas podrá orientar y mejorar la calidad de lo que consumen los chicos, ya que hoy existe el problema de la malnutrición”.
Entre otras precisiones, el legislador dijo además que “el monto de la tarjeta se va a definir más cerca del 10 de diciembre”, y aclaró que “el puntero político no va a poder darla porque la tarjeta la va a otorgar el banco público”.
También precisó que, en una primera etapa, la tarjeta se entregará aproximadamente a 2 millones de beneficiarios en todo el país -actualmente 8 millones de personas reciben asistencia alimentaria- y que “las escuelas cumplirán un rol clave” en el programa contra el hambre.
Arroyo indicó también que los fondos para esta nueva ayuda “se reorganizarán de partidas que ya existen: este año se destinaron para ello 27 mil millones, y para el año que viene están previstos 40.000 millones, que se reasignarán sin tener un pacto fiscal ni cobrando un nuevo impuesto”.
De esta manera, buscan cumplir con lo dispuesto en la ley de emergencia alimentaria, que fue prorrogada recientemente hasta 2022, un reclamo que vienen sosteniendo las organizaciones sociales.
