Un hecho que marcó la historia argentina el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos y más de 150 heridos. El juez federal Daniel Rafecas resolvió poner en marcha el juicio en ausencia para los diez imputados, una medida largamente reclamada tras tres décadas sin respuestas judiciales. El Gobierno nacional, a través de sus ministros, celebró la iniciativa, considerándola un paso crucial para juzgar a los responsables.
Esta resolución del juez Rafecas representa un giro trascendental en el expediente, dado que los principales sospechosos continúan fuera de Argentina y evadieron los pedidos de captura internacional. La aplicación del juicio en ausencia, ahora avalada por un marco legal recientemente reglamentado, posibilita que el proceso judicial avance sin la presencia física de los acusados. Esta modalidad está diseñada específicamente para evitar que delitos de lesa humanidad o de terrorismo queden impunes, garantizando que el proceso continúe a pesar de la incomparecencia injustificada de los sospechosos.
El Gobierno nacional celebró enfáticamente esta decisión, destacando el rol de la nueva normativa que impulsaron. El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmó que "Gracias a la ley de Juicio en Ausencia que impulsamos, la Justicia ahora tiene las herramientas para juzgar a los acusados por el atentado en la AMIA". Por su parte, el Secretario de Justicia, Sebastián Amerio, subrayó que la norma establece un precedente en la política criminal del país, asegurando que “la ley de Juicio en Ausencia evita que los crímenes queden impunes y, finalmente, le está dando justicia a los familiares de las víctimas después de más de 30 años de espera”.
El proceso judicial que se inicia incluirá la designación de defensores oficiales para los acusados ausentes y la producción de pruebas para determinar su responsabilidad. La resolución también contempla la notificación internacional a través de canales diplomáticos y la intervención de organismos de cooperación policial, garantizando así las garantías procesales y el derecho de defensa de los imputados. Además, la UFI AMIA avanzará con medidas probatorias para reconstruir los hechos, y los familiares y representantes de las víctimas, que apoyaron esta medida, intervendrán en las audiencias públicas.
Este anuncio marca un hito fundamental en la causa AMIA, abriendo la posibilidad de que los responsables señalados por la Justicia argentina enfrenten un proceso formal por primera vez, independientemente de su ubicación. La medida es vista como un paso significativo hacia el esclarecimiento definitivo del atentado y responde a una "deuda pendiente del Estado argentino" en materia de memoria, verdad y justicia. Las autoridades nacionales y las organizaciones comunitarias seguirán de cerca el desarrollo de esta etapa, con la esperanza de alcanzar finalmente la justicia tan ansiada.
