Esta reacción oficial se produce horas después de que la Justicia aceptara un pedido de la CGT para suspender gran parte de la reforma sancionada por el Congreso.
La resolución del Juzgado del Trabajo N° 63 representa un freno temporal a cambios que el Ejecutivo considera claves para promover el empleo formal. El tribunal decidió mantener el "status quo" para evitar daños irreparables en los derechos de los trabajadores hasta que se analice la constitucionalidad de fondo.
Entre los puntos que quedaron suspendidos se encuentran las nuevas regulaciones para plataformas tecnológicas y la derogación de la ley de teletrabajo. También se frenaron las modificaciones en el cálculo de indemnizaciones, las limitaciones al derecho de huelga y los cambios en la representatividad sindical.
Desde la central obrera celebraron la medida cautelar al considerar que la reforma afecta principios fundamentales como la libertad sindical y la progresividad social. Por su parte, el Estado Nacional cuestionó la legitimidad de la CGT para frenar una ley que, según el Gobierno, cuenta con una amplia voluntad legislativa.
Mientras se resuelve la disputa en instancias superiores, continuarán vigentes los derechos y garantías de las leyes laborales anteriores. El Ministerio de Capital Humano ratificó que agotará todos los recursos judiciales para defender lo que consideran una herramienta fundamental para la modernización del mercado argentino.
