En una entrevista en Radio Facundo Quiroga, el abogado chaqueño Alejandro La Regina, representante de G.C., brindó detalles sobre los avances en la causa que expone a la Defensora Oficial Alicia Alcalá. La abogada G.C. fue internada contra su voluntad en el Servicio de Salud Mental en un procedimiento que La Regina describe como “absolutamente desmedido” y cuya orden aún no tiene una fuente confirmada. Según él, el operativo dejó muchas dudas respecto al respeto de los derechos y la transparencia en la ejecución de la medida.

Uno de los principales temas que preocupa a La Regina es la filtración de datos sensibles de su clienta en algunos medios. “Advertimos la filtración de datos sensibles en determinados medios. Por eso, fuimos viendo que se contaban datos sobre el devenir de la causa”, señaló, criticando la exposición de información personal y médica sin consentimiento. Esta situación llevó a que el juez a cargo solicitara la protección de la identidad de G.C., en un esfuerzo por limitar el impacto mediático sobre el caso y la afectación de su privacidad.

La causa se encuentra actualmente en etapa de investigación penal, especialmente por las irregularidades detectadas en el manejo del expediente. “Hubo publicaciones que incluso dejaban entrever que ella podría quitarse la vida, algo completamente falso y sin fundamento”, explicó, y manifestó su repudio ante el daño emocional que causan este tipo de filtraciones. Según el abogado, la divulgación de esta información responde a presiones externas que han intentado obtener detalles del expediente.

Además, La Regina destacó el accionar irregular de ciertos actores del ámbito judicial, quienes habrían hecho uso indebido de su poder y acceso a información confidencial. “Es espantoso que lleguemos a un nivel donde el periodismo se convierta en una carnicería”, afirmó, aludiendo a los esfuerzos de algunos periodistas por acceder a estos datos vulnerando el derecho a la privacidad de G.C.

Para finalizar, el abogado resaltó que este caso refleja profundas fallas en la estructura de justicia que deberían ser revisadas y sancionadas. “Las personas, o la persona, que pretendió tener tanto poder y tanta impunidad como para hacerle esto a un semejante, deben rendir cuentas ante la ley”, concluyó.