La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidirá este martes si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF que están bajo control estatal o si podrá continuar el proceso de apelación sin desprenderse de ese capital accionario, o bien ofreciendo otra garantía.
El Estado argentino solicitó posponer la transferencia (“turnover”) de las acciones hasta que se resuelva en septiembre si la orden de la jueza Loretta Preska es procedente. En primera instancia, Preska condenó al país a pagar USD 16.000 millones por la forma en que se concretó la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Con intereses, la cifra ya supera los USD 18.000 millones.
El principal beneficiario del fallo es el fondo de inversión Burford Capital, que compró los derechos del litigio y reclama el traspaso directo de las acciones, además de documentos y comunicaciones de exfuncionarios como Luis Caputo y Sergio Massa. Burford sostiene que YPF y el Estado argentino actúan como un “alter ego”, lo que permitiría avanzar sobre otros activos.
Si la Corte de Apelaciones rechaza el pedido de suspensión, el Gobierno estaría dispuesto a acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque esa instancia rara vez interviene en este tipo de casos. En un escenario adverso y de incumplimiento, Argentina podría ser declarada en desacato, con sanciones que irían desde restricciones financieras hasta medidas contra funcionarios y ciudadanos argentinos.
