El eje central de la iniciativa es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, un punto que el oficialismo logró destrabar tras alcanzar un consenso con los sectores de la oposición dialoguista. Este avance se formalizó en una reunión encabezada por el presidente del cuerpo, Martín Menem, junto a los jefes de los distintos bloques legislativos.
Si bien la propuesta original del presidente Javier Milei buscaba fijar el límite en los 13 años, la presión de bloques aliados como el PRO y la UCR inclinó la balanza hacia los 14 años. Para asegurar el acompañamiento de los gobernadores, la Casa Rosada aceptó incluir un apartado presupuestario mediante el cual la Nación financiará el gasto adicional que las provincias deban afrontar para aplicar el nuevo sistema. Este compromiso económico fue fundamental para reactivar un trámite parlamentario que había perdido estado el año pasado.
El proyecto establece que la pena máxima para menores será de 15 años de prisión, aplicable únicamente a delitos graves como homicidio, secuestro o abuso sexual. No obstante, el nuevo régimen estipula que la privación de la libertad debe ser un recurso excepcional, priorizando en su lugar sanciones alternativas. Entre estas medidas se encuentran la reparación del daño, la realización de tareas comunitarias, el monitoreo electrónico y prohibiciones de acercamiento a las víctimas.
Un punto clave de la reforma es la creación de institutos especializados que cuenten con personal capacitado específicamente en infancia y adolescencia. Estos centros deberán garantizar a los menores condenados el acceso a la educación, atención médica integral y tratamientos para las adicciones. Asimismo, el sistema prevé un abordaje interdisciplinario para situaciones de violencia familiar y salud mental, todo bajo la estricta supervisión del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
El camino hacia el recinto comenzará este miércoles con un plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Presupuesto y Niñez, donde se firmará el dictamen correspondiente. Aunque el despacho debe iniciarse nuevamente desde cero, fuentes parlamentarias confirmaron que se respetarán los acuerdos técnicos alcanzados previamente. De obtener la media sanción el jueves 12, el proyecto dará un paso decisivo hacia su conversión en ley, marcando un cambio profundo en el tratamiento penal de los menores en Argentina.
