Cada 4 de abril se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual Infantil, una fecha clave para visibilizar una problemática urgente que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes (NNyA) en el mundo. El objetivo es reforzar el compromiso de la sociedad en la prevención y atención de estas violencias, que vulneran profundamente los derechos de las infancias.
El abuso sexual infantil constituye un delito grave que, en muchos casos, ocurre dentro del ámbito familiar y de confianza, lo que dificulta su detección. También puede presentarse en contextos extrafamiliares, como la explotación sexual, la pornografía infantil o el grooming —cuando un adulto se contacta con menores a través de internet para atentar contra su integridad—.
En Argentina, este delito es de acción pública, por lo tanto, cualquier persona que sospeche una situación de abuso puede y debe denunciar ante la Justicia. Es fundamental no minimizar los síntomas o conductas que puedan ser señales de alarma: a veces los pedidos de ayuda son explícitos, pero en muchas ocasiones aparecen de forma indirecta.
“La prevención de la violencia sexual contra NNyA es una responsabilidad colectiva que involucra a gobiernos, educadores, familias y a toda la comunidad”, destacan desde organismos especializados. La recientemente sancionada Ley Lucio apunta en esa dirección: obliga a capacitar a todas las personas que trabajan con infancias para que puedan detectar situaciones de vulneración de derechos.
Entre 2017 y 2023, la Línea 137 del programa “Las víctimas contra las violencias” registró 15.980 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Estos datos reflejan la urgencia de seguir construyendo políticas públicas efectivas, redes de contención y, sobre todo, una sociedad atenta y comprometida con la protección de sus infancias.
