Cada 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha impulsada por la ONU para reflexionar sobre el impacto económico y social de un fenómeno que atraviesa a los Estados, debilita instituciones y profundiza desigualdades. Desde 2003, la jornada busca instalar en la agenda pública la urgencia de combatir prácticas que erosionan la confianza ciudadana y afectan el desarrollo.
La ONU advierte que la corrupción se sostiene a partir del abuso de poder de funcionarios y agentes públicos que obtienen beneficios personales a costa del conjunto de la sociedad. Las cifras que difunde el organismo muestran su magnitud: cada año se pagan alrededor de un billón de dólares en sobornos y otros 2,6 billones se pierden por prácticas corruptas, un monto equivalente al 5% del PBI mundial y que golpea especialmente a los países en desarrollo.
Ante este panorama, distintos actores institucionales remarcan la necesidad de un compromiso amplio para enfrentar el problema. La ONU insiste en que la responsabilidad es compartida entre políticos, trabajadores judiciales, medios de comunicación, empresas, docentes, jóvenes y organizaciones civiles.
Uno de los instrumentos clave para medir el fenómeno es el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), cuya escala va de 0 a 100 y donde los valores más bajos indican mayor corrupción. En 2018, Dinamarca y Nueva Zelanda encabezaron el ranking como los países más transparentes, mientras que Afganistán, Corea del Norte y Somalia se ubicaron entre los más afectados, con apenas 8 puntos.
La jornada del 9 de diciembre recuerda que la corrupción no solo implica pérdidas económicas sino también un deterioro profundo de derechos, oportunidades y del funcionamiento de las democracias. Por eso, la efeméride busca reforzar la idea de que combatir estas prácticas es un desafío permanente y colectivo.
