La transparencia en la función pública vuelve a estar bajo escrutinio tras la salida de Guido Giana como viceministro de Salud. El jefe de Investigaciones de la Fundación Apolo, Nicolás Silvera, describió en Rivadavia Resistencia las irregularidades detectadas: "Giana mintió en su declaración jurada apenas asumió porque declara que es parte de dos sociedades, y en el Boletín Oficial figura que es socio e incluso presidente de hasta cuatro sociedades vinculadas al rubro de la salud". Sobre la gravedad de omitir esta información siendo la autoridad encargada de controlar ese mismo sector, señaló: "Había una posible incompatibilidad entre el cargo que ejercía y su rol como presidente de una sociedad que se dedica al rubro de la salud". Respecto a la contundencia de las pruebas presentadas ante la justicia, destacó: "No es discutible porque, por un lado, tenes la declaración jurada que él firmó y, por el otro, todo lo que dice el Boletín Oficial".
La investigación judicial apunta a un entramado de intereses privados que habrían influido en licitaciones estatales de organismos sensibles. Al referirse a los vínculos de los socios de Giana con empresas que ganaron concursos públicos observados, Silvera precisó: "Una de esas sociedades gana una licitación de pañales para adultos de PAMI observada por irregularidades". Acerca de los antecedentes del exfuncionario y las sospechas de maniobras abusivas contra prestadores médicos en gestiones anteriores, manifestó: "Él ya había sido denunciado por lo que en criollo diríamos usurería, porque ahogaba a clínicas de PAMI para que entren en crisis económica y puedan ser compradas por alguien de su propio ámbito". En relación con la tipificación legal de estas conductas denunciadas por la fundación, puntualizó: "Se está investigando la posible negociación incompatible con la función pública, tráfico de influencias, cohecho y falsedad ideológica".
La reconstrucción patrimonial integral del denunciado resulta indispensable para determinar el alcance de los supuestos delitos económicos cometidos. Sobre las 14 medidas probatorias solicitadas para evitar el desvío de activos durante el proceso judicial, el jefe sostuvo: "Presentamos medidas orientadas a la reconstrucción patrimonial integral porque, cuando hay un delito de corrupción, el dinero y las acciones se pueden mover de un segundo al otro". En cuanto a las expectativas sobre la nueva conducción del área que formaba parte del mismo equipo de trabajo, explicó: "Hasta que no limpiemos la estructura, esto va a ser muy difícil que cambie". Finalmente, remarcando la naturaleza de la acusación presentada para resguardar los recursos del Estado, concluyó: "La negociación incompatible es un delito contra la administración pública y partimos de una hipótesis probable de mínima".
