El abogado Luis Ladú Maidana, quien lidera las demandas contra el programa Incluir Salud, explicó en diálogo con Radio Facundo Quiroga cómo la situación sigue empeorando para las personas con discapacidad, especialmente aquellas que requieren tratamientos crónicos. El programa, que asiste a personas con discapacidad, ha sufrido una reducción drástica de su financiamiento debido a recortes en el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). "Hoy en día, el pasivo de Incluir Salud es de 8 mil millones de pesos", afirmó.
El recorte en el presupuesto afectó gravemente la capacidad del programa para cumplir con los servicios que ofrece. Según el abogado, la situación llegó a un punto crítico, ya que los abogados de Incluir Salud han reconocido ante los tribunales que, a pesar de sus esfuerzos, no tienen los fondos suficientes para cumplir con las órdenes judiciales que les exigen garantizar tratamientos y derivaciones. "Estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos, pero no tenemos un peso para dar cumplimiento", aseguró.
A pesar de estas dificultades, la justicia está respondiendo rápidamente a las demandas, pero el problema persiste debido a la falta de recursos. Ladú Maidana detalló que, incluso en casos en los que se ganaron amparos, los beneficiarios siguen enfrentando dificultades para acceder a los tratamientos necesarios, debido a la falta de fondos. "Las personas con capacidades diferentes, pacientes oncológicos, y aquellos con patologías graves siguen siendo los más perjudicados", destacó.
El abogado también hizo referencia a la confusión generada por los recortes y la falta de claridad en los trámites, que afectan a personas sin el conocimiento necesario para manejar la burocracia del sistema. En algunos casos, los beneficiarios ni siquiera reciben la notificación correcta, y se enfrentan a errores en los domicilios o la falta de orientación adecuada. "Es un sistema desorganizado que termina perjudicando a los más vulnerables", lamentó.
Finalmente, el abogado recordó que la situación no es solo un problema administrativo, sino también una cuestión de derechos fundamentales. "Estamos hablando de la vida de personas con discapacidad que necesitan estos servicios para sobrevivir. La política económica y la falta de recursos están afectando directamente la salud de quienes más lo necesitan", concluyó, haciendo un llamado a la acción para resolver este grave problema.
