Esta medida, aprobada por unanimidad, establece la emergencia en siete áreas fundamentales: ígnea, social, ambiental, económica, turística, habitacional y sanitaria.
El desastre comenzó el pasado 5 de enero en El Hoyo y ya devastó aproximadamente 12.000 hectáreas de vegetación, incluyendo bosque nativo e implantado. Además del daño ecológico, el avance del fuego destruyó viviendas y provocó el colapso de servicios esenciales como el suministro de agua y electricidad.
En medio de la crisis, el gobernador Ignacio Torres trajo un mensaje de alivio al informar que el incendio en Puerto Patriada está "contenido en un 85 por ciento". Este avance en el control de las llamas fue posible gracias al despliegue de más de 660 personas y a la llegada de lluvias moderadas que facilitaron la tarea de los brigadistas.
Por otro lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que solicitará una actualización del Código Penal para agravar las penas con cárcel efectiva para quienes inicien incendios de manera intencional o por negligencia. Villarruel subrayó que "quien delinque debe responder" y que no se debe escatimar en la protección de la Patagonia.
A pesar del progreso en la contención, las autoridades mantienen el pedido de alerta a los vecinos ante la posibilidad de nuevas evacuaciones debido a la sequía y las ráfagas de viento. La declaración de catástrofe permitirá al municipio gestionar asistencia financiera urgente y realizar contrataciones directas para reconstruir la infraestructura dañada por este evento, calificado como uno de los incendios más complejos de los últimos años.
