Un nuevo capítulo se abre en el enigmático caso de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años cuyo cuerpo fue hallado después de más de cuatro décadas en una casa del barrio porteño de Coghlan, donde en su momento vivió Gustavo Cerati. El principal sospechoso, Cristian Graf, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, marcando un avance significativo en la búsqueda de la verdad de este crimen.
Cristian Graf acudió a la fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia, aunque las autoridades le informaron que aún no se tomó ninguna medida formal en su contra. En paralelo, el fiscal Martín López Perrando programó una serie de nuevas declaraciones testimoniales. Estas incluyen a excompañeros de colegio tanto de la víctima como del propio sospechoso, así como a obreros de la empresa que realizó la excavación y demolición en la vivienda donde se encontraron los restos.
El cuerpo de Diego fue descubierto el 20 de mayo pasado por trabajadores en la mencionada casona de Coghlan. Fernández Lima había desaparecido el 26 de julio de 1984, tras haber asistido al colegio. Un dato clave reveló que sus restos estaban enterrados en el jardín de un chalet en Congreso 3742, domicilio que en ese momento habitaba Cristian Graf, quien era compañero de clase de la víctima y hoy es el principal sospechoso de su muerte.
Pese a los nuevos desarrollos, el caso enfrenta una particularidad legal: el crimen prescribió, dado que no se trata de un delito de lesa humanidad. Esto significa que el o los responsables no enfrentarán penas de cárcel por este crimen ocurrido hace más de 40 años. No obstante, la Fiscalía impulsa un "juicio por la verdad" para esclarecer qué sucedió y quiénes fueron los responsables. Al salir de la fiscalía, Graf rechazó categóricamente las acusaciones, respondiendo con un tajante "¡Noooo!" ante la pregunta de una periodista.
Ante esta situación, Javier Fernández Lima, hermano de la víctima, anunció su intención de impulsar una "Ley Diego", inspirada en la "Ley Piazza". Esta iniciativa legislativa buscaría extender los plazos de prescripción para los casos de desapariciones, con la esperanza de que "sirva a otros familiares de desaparecidos" y garantice que los culpables paguen por el daño causado.
