Desde la Defensoría del Pueblo se realizó un pedido formal a la Legislatura para que se prorroguen los mandatos de las autoridades actuales. Esta solicitud se debe a la proximidad del vencimiento del mandato de Bernardo Voloj, fijado para el 18 de marzo. La preocupación principal es evitar una acefalía en el organismo en caso de que no se logre un acuerdo parlamentario para designar a los nuevos miembros en el corto plazo.
La próxima sesión ordinaria de la Legislatura está programada para el 19 de marzo, pero la posibilidad de que se vote la designación de nuevas autoridades de la Defensoría en ese encuentro parece remota. Esto se deduce de la dificultad que tuvieron los bloques mayoritarios para acordar un temario en la última sesión. Se anticipa que la oposición priorizará el debate sobre la emergencia energética, lo que podría desplazar otros temas de la agenda legislativa.
Otro factor que podría complicar la pronta designación es el calendario político. Apenas 72 horas separarán la fecha de convocatoria a sesión del cierre de listas de candidatos a legisladores para las elecciones de diciembre. Se menciona que algunos legisladores que terminan su mandato están negociando su continuidad, lo que podría desviar su atención de la situación en la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, la elección de los nuevos defensores enfrenta el desafío de lograr la paridad de género en el organismo. Si bien hay nombres de posibles candidatos tanto en el oficialismo (Sergio Lencovich y Francisco Romero Castelán) como en la oposición (Néstor Sotelo y Rene Galassi), las preferencias iniciales se inclinan por hombres. Esto obligará a los bloques a considerar candidatas para cumplir con la normativa, un proceso que, según los antecedentes, podría llevar meses.
