Hoy se cumplen cuatro años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, el acceso a este derecho se encuentra en una situación crítica. Datos oficiales revelan que el Estado nacional no ha distribuido medicamentos para abortos legales durante el 2024, marcando una caída del 100% en comparación con el año anterior. Esta falta de entrega de misoprostol y mifepristona, necesarios para la interrupción del embarazo, pone en riesgo la salud y los derechos de las mujeres, especialmente las de sectores más vulnerables. La situación contrasta con el periodo 2022-2023, cuando hubo una distribución significativa de tratamientos, alcanzando los 106.737.

Además de la falta de provisión de medicamentos, se suma un intento de derogar la ley vigente. En febrero de 2024, una diputada presentó un proyecto de ley para derogar la norma y tipificar el aborto como delito. Aunque el Poder Ejecutivo ha declarado que esta iniciativa no es impulsada por el gobierno, el presidente se ha expresado en contra del aborto en varias ocasiones. Estas acciones generan incertidumbre sobre el futuro de la ley y el acceso al aborto legal en el país.

Especialistas advierten que la falta de insumos para el aborto puede llevar a embarazos no deseados que se conviertan en maternidades forzadas, afectando la integridad física y psíquica de las personas. La falta de acceso a métodos anticonceptivos también se suma a la problemática, generando barreras en el acceso a la salud sexual y reproductiva, especialmente para las poblaciones vulnerables. Ante esta situación, 14 provincias han iniciado procesos de compra de misoprostol para asegurar el acceso a la interrupción del embarazo, aunque la falta de planificación y la poca flexibilidad del mercado han complicado la situación.

Si bien aún no se han publicado datos oficiales sobre la cantidad de abortos realizados en 2024, los datos disponibles de años anteriores muestran que entre enero y septiembre de 2023, se registraron 69.421 interrupciones voluntarias y legales del embarazo. En total, se han realizado 245 mil interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público desde que la ley está vigente. Sin embargo, las cifras y la situación actual demuestran que persisten inequidades en el acceso a la salud sexual y reproductiva.