De forma periódica y de tanto en tanto con el correr de los años  vuelve al tapete de la agenda pública el ejercicio de la abogacía y con ello desde algunos sectores ponen como eje la necesidad de una colegiación obligatoria por encima del libre ejercicio que rige hasta hoy.

Así las cosas, hace un puñado de días un grupo de legisladores del oficialismo presentó la iniciativa para avanzar con la colegiación y las reacciones de un lado y del otro no hicieron esperar.

Este viernes por la noche, una 200 letrados que se convocaron por aplicaciones de mensajería compartieron una reunión virtual en la que no solo dejaron en claro su rechazo al proyecto de ley sino que acordaron una intensa movilización ciudadana desde acá y hasta que la iniciativa llegue al recinto (en caso de que avance) como también remedios judiciales para observar la potencial normativa si se aprueba como está planteada.

Entre los cuestionamientos,  el principal es que la colegiación solo tiene un fin recaudatorio para el organismo al que abogados deberán tributar para ejercer, lo que por un lado no está claro cuál sería el destino de esos recursos sino que además encarecerá los procesos en función de que deberán trasladarse costos al cliente que en la mayoría de los casos estará imposibilitado de absorber y eso se traducirá en la limitación del acceso a la justicia para la ciudadanía.

“Los que promueven estos son los mismos que durante la pandemia se pasaron pidiendo que los juzgados están abiertos porque los abogados necesitan trabajar para obtener un sustento y ahora lo que quieren es que trabajen unos pocos, que serán únicamente los que puedan pagar”, señalaron.

En esa línea, recordaron que la provincia cuenta con una normativa novel de apenas siete años, donde se reguló el libre ejercicio de la profesión.

Finalmente, pusieron inquietud en lo que sería el tribunal de ética profesional compuesto por abogados para juzgar la labor de colegas, que entienden habilita a que en ese espacio se lleven conflictos personales o cuestiones no meramente jurídicas y con ello la posibilidad de suspender la matrícula del abogado en un proceso, a priori, que no otorgaría las garantías necesarias para el acusado.