El joven, suboficial de la Gendarmería, cumple un año y un mes detenido de forma irregular. Su situación cobró renovada relevancia internacional tras la captura de Nicolás Maduro, hecho que genera una creciente expectativa sobre la posible liberación de presos políticos en el país caribeño.
El gendarme viajó a Caracas en diciembre de 2024 con el único fin de reencontrarse con su pareja y su pequeño hijo, quienes residían allí. Sin embargo, su travesía familiar terminó abruptamente en la frontera colombo-venezolana, donde fue interceptado por autoridades migratorias bajo una infundada sospecha de espionaje. Sus familiares defienden su inocencia, señalando que Gallo realizó todo el trayecto de manera legal, identificándose correctamente en cada puesto de control.
Las condiciones de su encierro han sido calificadas como inhumanas por excompañeros de celda, quienes relataron episodios de violencia, encapuchamientos y coacción permanente. Según estos testimonios, los internos eran utilizados como "piezas de negociación" para el intercambio de intereses entre naciones. Se informó incluso que, tras meses de aislamiento y malos tratos, Gallo presentaba dificultades para recordar números telefónicos de contacto con su familia.
El Gobierno argentino y diversos organismos de derechos humanos han denunciado el caso como una desaparición forzada, exigiendo su libertad inmediata. La senadora Patricia Bullrich es una de las voces más firmes en este reclamo, vinculando la retención del gendarme con las maniobras de presión del régimen. Recientemente, gestiones internacionales y señales de una posible liberación masiva han encendido una luz de esperanza para los ciudadanos argentinos detenidos en el país.
A pesar de la incertidumbre reinante, las gestiones diplomáticas se han intensificado ante la Asamblea Nacional venezolana, que adelantó la posibilidad de excarcelar a un número importante de detenidos. El caso de Gallo, junto al del abogado Germán Giuliano, se mantiene como una prioridad urgente en la agenda consular argentina. Mientras tanto, su familia en Mendoza continúa aguardando una confirmación oficial que ponga fin a más de trece meses de angustia y falta de garantías judiciales.
