La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento de Emerenciano Sena y Marcela Acuña por lavado de activos. Esta decisión rechaza los recursos presentados por las defensas de ambos, ratificando así las pruebas de procesamiento en su contra. Se les imputa la presunta comisión de maniobras para poner en circulación fondos de origen ilícito, provenientes de hechos de corrupción o defraudación a la administración pública provincial.
La investigación judicial destacó el rol central de la Fundación "Dr. Saúl Andrés Acuña", creada y conducida por el matrimonio, a través de la cual se canalizaron millonarios fondos públicos. Se detalló que la fundación trabajaba casi exclusivamente para el Estado provincial, facturando cifras crecientes año tras año: más de $35 millones al Ministerio de Infraestructura y más de $15 millones al IAFEP en 2022, llegando a $186 millones al mismo organismo en 2023.
Entre las irregularidades detectadas, se evidenció un faltante de más de $62 millones y la falta de aplicación de fondos destinados a la construcción de cuarenta viviendas sociales, cuyas obras nunca se iniciaron a pesar de la entrega de anticipos millonarios. Además, se observó la sobrevaluación de gastos en los balances de la fundación, con incrementos de hasta un 477% en rubros como "gastos de personal del centro de salud", sin respaldo documental ni empleados registrados. Las acreditaciones bancarias ascendían a más de $140 millones solo en el primer semestre de 2023, montos que Sena retiraba en efectivo, impidiendo así el control de trazabilidad.
La investigación se originó a partir de los allanamientos realizados en el domicilio de los Sena en el marco de la causa por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, donde se incautaron más de $6 millones en efectivo. La exteriorización de riqueza de Sena y Acuña, quienes se declararon monotributistas y docentes, no se condecía con sus ingresos declarados, identificándose múltiples vehículos e inmuebles, algunos adquiridos sin registro. El tribunal enfatizó que no es necesaria una sentencia firme previa del delito precedente para constatar el origen ilícito de los fondos.
Con esta ratificación, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia reafirma la gravedad de las maniobras atribuidas a los acusados, subrayando la existencia de una presunta matriz de corrupción que involucraría un esquema sistemático de desvío de fondos públicos provinciales. Este caso, que ya es investigado en el fuero local, promete ser uno de los más mediáticos en la historia de la provincia, donde en el juicio oral se esclarecerán definitivamente los hechos.
