El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, estableciendo que los menores podrán ser juzgados penalmente a partir de los 14 años. La iniciativa, impulsada originalmente por el Ministerio de Seguridad bajo la gestión de Patricia Bullrich, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, marcando un cambio estructural en el sistema de justicia argentino.
La normativa crea un sistema especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, garantizando explícitamente que los jóvenes no compartan ámbitos judiciales ni de detención con adultos. El régimen prioriza la resocialización y establece que la privación de la libertad sea una medida excepcional, aplicada únicamente en casos de delitos graves y con límites estrictos de tiempo.
Entre los argumentos centrales para su aprobación, se destacó la necesidad de actualizar una ley vigente desde 1980 y contrarrestar la estrategia de las bandas criminales que utilizan a menores debido a su anterior condición de inimputables. Además, los defensores de la ley señalaron que este nuevo límite de edad alinea a la Argentina con otros países de la región, como Chile, Colombia y Uruguay.
Por su parte, el bloque opositor rechazó la medida advirtiendo sobre su posible inconstitucionalidad y la falta de recursos para las provincias. Los críticos remarcaron que el presupuesto asignado de 23.700 millones de pesos resulta insuficiente para financiar la infraestructura especializada y los equipos interdisciplinarios que exige la nueva ley.
Finalmente, el esquema de sanciones incorpora medidas como tareas comunitarias, monitoreo electrónico y la reparación del daño, bajo la supervisión de personal judicial capacitado. Tras esta sanción definitiva, el proyecto aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial para su implementación efectiva en todo el país.
