El Tribunal Oral Federal N° 2 de Resistencia dio a conocer los fundamentos de la sentencia contra el denominado "Clan Sosa" de Sáenz Peña, tras un juicio abreviado donde siete imputados admitieron su culpabilidad.
Para blanquear el dinero, el grupo utilizó una red de "fachadas comerciales" que incluía empresas de transporte, locales de ropa, carnicerías y hasta una entidad financiera. Según el fallo, estas pantallas permitieron a la familia mantener un estándar de vida de lujo y un crecimiento patrimonial que no guardaba ninguna relación lógica con sus ingresos declarados ante el fisco.
La justicia detectó un sofisticado sistema de testaferros para la compra de vehículos de alta gama y camiones que figuraban a nombre de terceros. Sin embargo, los miembros del clan mantenían el dominio real de estos bienes mediante la contratación de seguros a su nombre y el uso de cédulas azules, lo que probó el manejo discrecional de su patrimonio oculto.
Un punto clave de la sentencia es la aplicación de la "teoría de la contaminación total", la cual establece que cuando fondos ilícitos se mezclan con legales en un negocio, la totalidad de los activos queda viciada. Este criterio jurídico facilitó el aislamiento económico de la banda y el decomiso total de los bienes, argumentando que la estructura criminal absorbió todo para su provecho.
Las penas impuestas señalaron a la matriarca Ana María Flamenco y a Hugo Sebastián Sosa como los líderes, recibiendo 7 años de prisión. El resto de los integrantes recibió condenas de entre 3 y 4 años y medio, además de una multa millonaria equivalente a dos veces el monto de las maniobras realizadas, marcando un duro precedente contra la criminalidad organizada en la región.
