La acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, sostiene que la expresidenta Cristina Kirchner habría recibido 175 pagos ilegales. Según la presentación, la cifra total ascendió a 171.224.710 pesos y 613.000 dólares.
La UIF, comandada por Paul Starc, argumentó que existió un "acuerdo espurio" entre funcionarios y empresarios que permitió sostener durante años un sistema de retornos vinculados a contratos de obras y servicios públicos. Este mecanismo se habría apoyado en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. Los pagos ilegales se habrían efectuado entre enero de 2008 y septiembre de 2010.
Durante la lectura de la audiencia, se describió un sistema de recaudación calificado por la UIF como "aceitado y piramidal", que tenía a Néstor y Cristina Kirchner como destinatarios finales de los fondos. En este entramado, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, tuvo un rol central, mientras que su segundo, José López, habría sido el encargado de coordinar el esquema.
En cuanto a la participación empresarial, la UIF destacó que la firma JCR S.A., de la familia Relats, fue la que más pagos realizó, sumando 40 entregas por 85.493.691 pesos entre 2011 y 2013. JCR S.A. se vio ampliamente beneficiada, ya que en paralelo fue adjudicada con 44 obras por la Dirección Nacional de Vialidad, superando los 5.294 millones de pesos.
Finalmente, el requerimiento de elevación a juicio también leyó cargos por la aceptación de dádivas, atribuyendo responsabilidades de coautores, además de Cristina Fernández de Kirchner, a Julio De Vido, José López y al financista Ernesto Clarens. También se hizo mención a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, a quienes se les atribuyen cinco sobornos por unos 14 millones de pesos, pagados a través de la constructora CPC S.A.
