El escándalo por la filmación de un documental clandestino durante el juicio por la muerte de Diego Maradona sumó un nuevo capítulo: la justicia de San Isidro ordenó seis allanamientos en simultáneo, con el objetivo de identificar a los responsables y recuperar el material grabado de forma irregular durante las audiencias.
Los operativos fueron llevados adelante por orden de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo. Se realizaron en cuatro domicilios particulares —ubicados en Villa Urquiza, Olivos y San Isidro— y en dos productoras audiovisuales: La Doble S.A., con sede en la Ciudad de Buenos Aires, y Feel Co., ubicada en Villa Martelli. Ambas empresas están en la mira por haber aportado a los presuntos responsables que estuvieron grabando dentro del tribunal.
La investigación apunta a cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— que estuvieron en las audiencias registrando imágenes sin autorización de las partes, pero con el aval exclusivo de la jueza Julieta Makintach. Hasta el momento, tres de ellos fueron identificados. Lo que busca ahora la Justicia es documentación que permita establecer el verdadero motivo de su presencia, así como las grabaciones obtenidas.
La causa penal se inició luego de que saliera a la luz que estas personas ingresaron al tribunal como público general, pero con cámaras y equipos que utilizaron para filmar. Ante las consultas, negaron estar vinculados a medios o productoras, algo que se contradice con los hallazgos actuales.
Makintach admitió haber autorizado la filmación, lo que desató una fuerte controversia dentro del tribunal y derivó en la suspensión temporal del juicio. El proceso se reanudará el martes 27 de mayo, aunque ahora bajo la sombra de esta causa paralela que sacude al Poder Judicial.
