El bloque de diputados del PJ anunció que presentaran un pedido de juicio político para Ana Clara Pérez Ballester, la jueza que intervino en el caso de Lucio Dupuy y le dio la tenencia a su madre, Magdalena Espósito Valenti, quien ayer fue condenada al igual que su pareja, Abigail Páez, por el homicidio del niño de 5 años. De igual forma lo hicieron los diputados del PRO La Pampa, Martín Ardohain y María Laura Trapaglia, quienes realizaron una solicitud similar.
De esta forma, el caso Lucio logró algo difícil en tiempos de grieta política: una coincidencia entre el oficialismo y la principal coalición opositora.
“Comunicamos que se ha tomado la decisión de presentar formalmente un pedido de Jury de Enjuiciamiento en los términos de la Ley 313 a efectos de que se inicie una investigación respecto de la actuación de la Jueza de Familia y la Asesora de Menores de la ciudad de General Pico con motivo de determinar sus responsabilidades producto de su desempeño en el marco de denominado caso Lucio”, se lee en el comunicado que difundió el PJ pampeano.
Para los diputados del PRO, la jueza Pérez Ballester debe explicar por qué “no se realizó un informe socio-ambiental del contexto familiar, donde iba a vivir Lucio”; “no se informó, ni se citó a testigos”; “no se escuchó al menor”; “no fue abordado desde el Juzgado por un equipo de profesionales”; “no se notificó al padre del menor, que tenía el cuidado personal compartido, y la responsabilidad parental”; ni explicó el “cambio de centro de vida de General Pico a Santa Rosa”.
Cabe destacar que la injerencia de la jueza en la tenencia de Lucio por parte de su madre fue crucial. Tal como reveló Infobae, la situación se remota al 5 de febrero del 2020. Ese día se creó un expediente en el juzgado de Pérez Ballester llamado “Esposito Valenti Magdalena c/ Hidalgo Leticia s/ cuidado personal”.
Leticia Hidalgo es la esposa del tío paterno de Lucio y quien, por esos días, tenía la tenencia de Lucio. Del otro lado estaba Magdalena que reclamaba por su hijo mediante denuncias falsas y escándalos constantes. El nene vivía con los tíos por un acuerdo entre los padres y era feliz. Pero la madre quería llevárselo a Santa Rosa, por eso comenzó un litigio en la justicia. Los tíos se negaron a entregarlo.
El 4 de noviembre de ese 2020, la tía de Lucio cedió la tenencia cansada de las denuncias falsas en su contra, de los escándalos que hacía la madre en la puerta de su casa cada vez que lo visitaba y preocupada por el estrés que vivía el nene por esas situaciones. Ese día, se firmó el acuerdo entre Magdalena y Leticia. El documento contó con la homologación de la jueza Ana Clara Pérez Ballester.
Las preguntas a raíz de esto son obvias: ¿La jueza hizo algún estudio socioambiental antes de mandar a Lucio con su madre y la novia de ella? ¿Se representó la magistrada que la cesión de la tenencia podría ser por las falsas denuncias en lugar de un acuerdo genuino? ¿Podría haber hecho algo más de lo que hizo, que fue solo firmar un documento?
A la luz de los hechos y del cruel asesinato de Lucio, las respuestas son tan obvias como las preguntas.
