En las últimas horas, prestaron declaración dos enfermeras que habrían trabajado junto a la acusada en centros de salud. Según fuentes judiciales, estas declaraciones forman parte de una serie de pruebas para esclarecer su desempeño profesional irregular.
No obstante, los abogados defensores de Ojeda sostuvieron que el relato de las trabajadoras de salud no aportó datos relevantes para el avance del caso. Actualmente, la imputada se encuentra bajo prisión preventiva desde el mes de mayo, medida que fue apelada y espera una resolución en Cámara. Mientras tanto, el fiscal Gustavo Valero continúa recolectando testimonios de pacientes y analizando documentación secuestrada.
Los cargos contra Ojeda son de extrema gravedad: usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual. Esta última imputación se relaciona directamente con el fallecimiento de un paciente en diciembre de 2025 en el Hospital de Quitilipi. Asimismo, la justicia indaga sobre otras posibles muertes y casos de lesiones gravísimas ocurridas bajo su presunto cuidado médico.
Uno de los episodios más impactantes que se investigan es la amputación de la pierna de un joven, hecho atribuido presuntamente a la responsabilidad de Ojeda. Sobre este punto, la próxima semana está citada a declarar la hermana de la víctima para brindar detalles sobre el tratamiento recibido. La causa se mantiene en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones según avancen las pericias médicas.
Finalmente, el proceso busca determinar cómo la mujer logró ingresar y trabajar dentro del sistema de salud pública provincial. El objetivo de la fiscalía es establecer quiénes autorizaron sus contrataciones y si existieron fallas administrativas o complicidades en el proceso. El caso ha generado una gran conmoción social, derivando en un análisis profundo sobre la seguridad de los pacientes en el ámbito hospitalario.
