El caso Cebra Phone dio un nuevo giro este jueves cuando el fiscal federal, Patricio Sabadini, ordenó el procesamiento con prisión preventiva para Braian Obregón, dueño del local, por los delitos de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad y lavado de activos agravado por habitualidad. Su pareja, Agostina Vargas Vispo, también fue procesada por los mismos delitos, pero sin prisión preventiva. Sin embargo, la resolución del juez federal N°2 de Resistencia, Ricardo Mianovich, dictaminó prisión preventiva domiciliaria para Obregón, dejando a Vargas Vispo en libertad.
Inmediatamente después de conocerse la decisión, el fiscal Sabadini adelantó que apelará la resolución ante la Cámara Federal de Apelaciones. Sabadini considera que, dada la gravedad de los delitos imputados, corresponde la prisión preventiva sin el beneficio de arresto domiciliario para Obregón, y también solicita la prisión preventiva para Vargas Vispo. Argumenta que en casos similares, la Justicia no otorgó este tipo de beneficios a los acusados.
La investigación contra Obregón y Vargas Vispo se inició tras un monitoreo en redes sociales, donde el joven comerciante exhibía un alto nivel de vida que no se condice con sus ingresos declarados. Se le veía con viajes internacionales, vehículos de alta gama –incluyendo un BMW violeta valuado en más de 64 millones de pesos–, motos, camionetas y una lancha de lujo. Obregón fue detenido el pasado 15 de agosto en un mega operativo policial y judicial, donde se secuestraron numerosos elementos de interés para la causa.
Según la investigación, se cree que estas costosas adquisiciones fueron financiadas con fondos provenientes del contrabando de productos electrónicos y la comercialización de artículos con marcas falsificadas. Obregón habría comenzado trayendo teléfonos celulares desde Paraguay para su reventa en Resistencia, consolidando esta actividad en el comercio Cebra Phone, ubicado en calle Vedia 475. En este local, se ofrecían productos por debajo del precio de mercado y sin timbres fiscales, aceptando pagos en efectivo, transferencias, criptomonedas, PayPal y tarjetas de crédito, a menudo sin factura y utilizando cuentas de terceros.
Este caso resalta la complejidad de las operaciones ilícitas que combinan el contrabando con el lavado de activos, utilizando diversas herramientas financieras, incluyendo las criptomonedas, para ocultar el origen del dinero. La apelación de Sabadini buscará revertir la decisión del juez Mianovich, insistiendo en la necesidad de una prisión preventiva sin beneficios, dada la seriedad de las acusaciones y la habitualidad en la comisión de los delitos.
