El presidente del Consejo de Agrimensores desmintió al sindicato estatal y pidió que se les garantice el derecho al trabajo.
Nuevo capítulo en las consecuencias de las eternas medidas de fuerza por parte de la Unión Personal Civil de la Provincia (UPCP) en la Dirección de Catastro, que afectan no solamente a profesionales que deben interactuar, sino que generan un perjuicio social.
Ahora, fue el turno de los agrimensores, uno de los afectados por la interrupción del servicio en la dependencia que no solo desmintió al sindicato que había planteado un colapso informático en la institución sino también repasó las acciones que atentan para que no se garantice el derecho al trabajo.
“La realidad es diferente a lo que se expresa, el Sistema Digital de Trámites que funciona mediante la plataforma Tu Gobierno Digital que se puso en vigencia en el organismo catastral por decisión del Ministerio de Gobierno a partir del 1 de enero del año 2021 funciona perfectamente, y es el fruto de un gran trabajo articulado entre la Subsecretaría de Asuntos Registrales, la Subsecretaría de Modernización, Dirección de Catastro y la colaboración permanente del Consejo Profesional de Agrimensura”, sostuvo el comunicado del Consejo de Agrimensores que tiene como presidente a Carlos Diez.
“El problema que tiene Catastro ha quedado absolutamente desnudado justamente gracias a este Sistema Digital de Trámites” agregó y señaló que un cambio en una de las direcciones permitió determinar que existían paralizados 435 expedientes de mensura que luego la nueva responsable en apenas siete días logró dar curso a 202. “El grave problema del organismo no son los equipos informáticos, que los hay en cantidad suficiente y a los que les han sido incorporados programas para correcciones digitales”, indicó Diez.
Finalmente, el profesional indicó que son “constantes los atropellos de la UPCP” y recordó el último episodio en el cual no se le permitió el ingreso a profesionales con un policía que se encontraba en la puerta del edificio porque el sindicato se encontraba de asamblea dentro del organismo.
“Las guardias mínimas no se pueden ver alteradas por la realización de asambleas o ruidos molestos”, dijo y recordó que existen órdenes judiciales desde 2018 que obligan a que el organismo no se paralice. “Las fechas de ambas resoluciones judiciales hablan a las claras desde hace cuánto tiempo los profesionales de la agrimensura venimos sufriendo estos atropellos por parte de UPCP, siendo afectados gravemente en nuestro ejercicio profesional, y como consecuencia directa en nuestros honorarios, los cuales tienen carácter alimentario para el sostenimiento de nuestras respectivas familias”, concluyó.
