La vida en pareja en la Argentina atraviesa una transformación profunda, con las convivencias creciendo de manera sostenida y los casamientos en un marcado retroceso, un cambio que no solo responde a nuevas miradas sobre el amor sino que también revela una brecha legal que deja a miles de personas sin protección ante separaciones, conflictos o muertes inesperadas.
Aunque muchas parejas sienten que convivir es prácticamente lo mismo que casarse, el sistema jurídico sigue privilegiando al matrimonio como la vía principal de acceso a derechos patrimoniales, previsionales, hereditarios y de cobertura de salud, mientras que la convivencia simple no genera derechos por sí sola y la unión convivencial, aun registrada, ofrece un resguardo mucho más limitado.
Especialistas en vínculos señalan que esta caída del matrimonio no se explica solo por un rechazo institucional, sino por un contexto social atravesado por la incertidumbre, la inestabilidad laboral, las mudanzas frecuentes y una idea de futuro menos asociada a proyectos a largo plazo, a lo que se suma el alto costo económico de las celebraciones, que también influye en la decisión de no formalizar.
El problema aparece con mayor crudeza cuando una pareja que convivió durante años enfrenta una separación, una enfermedad o el fallecimiento de uno de sus integrantes, ya que sin haber pasado por el matrimonio o la unión convivencial pueden quedar sin herencia, sin pensión, sin protección sobre la vivienda compartida y hasta fuera de decisiones médicas.
Mientras algunas parejas valoran la flexibilidad que permite la convivencia, otras buscan en el casamiento un ordenamiento emocional, familiar o incluso práctico, en un escenario donde la sociedad avanza hacia vínculos más libres pero el marco legal sigue anclado en un modelo que pierde centralidad, dejando abierta una discusión clave sobre cómo garantizar derechos sin imponer formas únicas de amar.
