El proyecto de Ley de Alivio Fiscal para beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo dictamen unánime al finalizar una reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado en la que se resolvió que el tema sea llevado al recinto el 30 de junio.

La iniciativa, que en Diputados fue respaldada por los bloques del oficialismo y de la oposición, pretende mejorar la situación de alrededor de 4,5 millones de monotributistas y de más de 140.000 autónomos.

“Queremos darle respuesta lo más rápido posible a este tema”, afirmó el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, durante la reunión de la comisión en la que anticipó que “el próximo 30 de junio le daremos tratamiento en el recinto”.

De ese modo, el titular de la bancada oficialista aseguró que el proyecto, que cuenta con el respaldo de Juntos por el Cambio, aunque en disidencia parcial, sea convertido en ley antes del 1 de julio para poder contemplar los nuevos parámetros de facturación en la recategorización semestral.

Para ello, deberá compararse la facturación total del período comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 respecto de estos nuevos parámetros para resolver si es necesario cambiar de categoría.

EL PROYECTO

La iniciativa, presentada originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.

Los cambios suman nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del Monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo.

FONDO PARA PAGARLE AL FMI

El plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con el despacho del proyecto para la creación de un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”, que fue aprobado en mayo pasado en el Senado.

Con el acompañamiento del misionero Diego Sartori, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría -que reproduce la media sanción- con 41 firmas, mientras que Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de rechazo, con 36 firmas. Por su parte, la diputada Graciela Camaño del interbloque Federal presentará este jueves su propio despacho.

Según el proyecto, impulsado por el kirchnerismo, este Fondo se constituirá por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

La iniciativa introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

Por más de media hora, defendió el proyecto el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien explicó que la iniciativa “pone en el centro la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión impositiva y cuáles pueden ser las formas posibles de afrontar el pago de la deuda con el Fondo”.

“El objetivo es obtener los fondos para hacer frente a la deuda heredada sin que eso afecte las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población”, resaltó y precisó que debería verse como una “doble expresión, porque en la negociación de la deuda heredada se obtuvo un amplio plazo que hace que hasta el 2026 esta deuda no genere erogaciones, por lo cual tendremos bastante tiempo, una vez sancionada la ley, para que los mecanismos allí dispuestos vayan generando resultado que permitan acumular recursos para que cuando lleguen los vencimientos podamos hacerlo sin afectar la políticas de crecimiento, de desarrollo”.

“La oposición podría muy bien acompañar este proyecto sin entrar en contradicción con su postulado de no crear nuevos impuestos ni aumentar alícuotas, porque no se habla de eso, sino de que cumplan con las obligaciones contraídas y con la plata que ganaron bajo leyes vigentes, porque la que se llevaron afuera primero la ganaron acá”, enfatizó el porteño.