Esta medida surge tras conocerse informaciones sobre el reciente traslado del líder venezolano a territorio norteamericano en condición de detenido. El objetivo central de los tribunales argentinos es someter a Maduro a una declaración indagatoria por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad.
La solicitud legal se fundamenta en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997. La justicia de nuestro país busca actuar bajo el principio de jurisdicción universal, una doctrina que permite procesar delitos atroces como torturas y desapariciones forzadas cuando en el país de origen no existen garantías para investigar. Según se supo, la Justicia argentina consideró probado que en Venezuela el Poder Judicial responde al Poder Ejecutivo, asegurando la impunidad del régimen.
El expediente se nutrió de los testimonios desgarradores de víctimas que lograron escapar hacia la Argentina y de denuncias de organismos como el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER). Las investigaciones apuntan a un plan sistemático de represión operado a través de servicios de inteligencia como el SEBIN. Además del pedido contra Maduro, el juez ratificó la vigencia de las alertas rojas de Interpol sobre otros jerarcas chavistas, como Diosdado Cabello.
Para agilizar el proceso, el magistrado ordenó la traducción urgente de toda la documentación y su canalización a través de la Cancillería argentina. Es importante destacar que este tipo de criterios jurídicos ya fueron aplicados anteriormente en Comodoro Py para casos internacionales de gran relevancia, como el genocidio en Myanmar. Asimismo, el magistrado se encargó de enfocar la acción procesal únicamente en las partes legítimas, rechazando presentaciones de terceros que no cumplían con los requisitos formales.
Finalmente, el futuro de esta solicitud queda ahora bajo la evaluación de las autoridades competentes en Washington. Ellos deberán determinar la viabilidad del exhorto bajo los términos de la cooperación bilateral. De prosperar la medida, se abriría un precedente histórico que permitiría juzgar en suelo argentino las graves acusaciones de persecución política y asesinatos denunciadas en Venezuela.
