La medida, oficializada mediante una resolución firmada por el presidente del organismo, Paul Starc, representa un hecho sin precedentes tanto en el país como en toda la región.
Esta acción preventiva se originó a partir de información de inteligencia financiera recibida desde el exterior, la cual fue analizada y complementada por una investigación local de la UIF. El operativo se centra en personas residentes en el país, buscando determinar sus posibles nexos y vínculos con organizaciones delictivas internacionales.
Es la primera vez que se aplica este tipo de sanción desde que la Ley 27.739 incorporó este delito al Código Penal argentino en marzo de 2024. Dicha normativa otorgó al Estado herramientas concretas para actuar ante amenazas que pongan en riesgo la paz y la seguridad internacionales, siguiendo mandatos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La decisión cumple además con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que exige sanciones financieras inmediatas para evitar que fondos o recursos lleguen a entidades peligrosas. Con este paso, Argentina se posiciona entre las pocas jurisdicciones del mundo que ejecutaron estas medidas, fortaleciendo su sistema nacional de prevención.
El objetivo final de esta intervención es proteger el sistema financiero frente a amenazas globales graves, reafirmando el compromiso del país con los protocolos internacionales de seguridad. La medida permite inmovilizar recursos de manera urgente mientras continúa la pesquisa sobre las actividades de los involucrados.
