La abogada Cecilia Carauni, representante de los vecinos de Venados Grandes, confirmó en Radio Facundo Quiroga que la causa por la contaminación ambiental que genera una desmotadora de algodón en esa pequeña localidad del Chaco avanza, pero en medio de escenas de alta tensión. En las últimas horas, se llevó adelante un allanamiento de constatación ordenado por la Fiscalía Ambiental. La intervención derivó en un episodio conflictivo con amenazas y dos posteriores detenciones.
“El allanamiento fue para constatar la situación de la planta, pero los ingenieros no contaban con los elementos adecuados para tomar muestras del material contaminante”, explicó. Aun así, se realizaron inspecciones, se labraron actas y se sacaron fotografías. El procedimiento terminó con un momento de tensión: “El encargado y apoderado de la empresa, un señor oriundo de Charata, reaccionó de forma violenta, amenazó a uno de los vecinos y terminó siendo detenido”, relató, mencionando que también arrestaron a un segundo encargado por resistirse e insultar a la Policía.
La desmotadora en cuestión, llamada Reiter y Sohne S.R.L., pertenece a un ciudadano alemán y opera desde hace más de una década en pleno casco urbano. “Está instalada en terrenos del ferrocarril, en el medio de la comunidad. Hay muchas hectáreas disponibles en la zona para relocalizarla, no se entiende cómo sigue funcionando allí”, cuestionó la abogada. Los vecinos aseguran que el polvillo que emana la planta genera afecciones respiratorias y dermatológicas, especialmente en niños.
Carauni detalló que la Fiscalía Ambiental ya libró oficios a varias dependencias, entre ellas al Ministerio de Salud del Chaco, cuyos informes confirman un fuerte impacto sanitario: “Los centros de salud registran casos de asma bronquial, bronquitis, dermatitis, tos seca y vómitos recurrentes. Es un problema de salud pública”.
“Queremos que la desmotadora se traslade, no que se cierre. Nadie quiere dejar sin trabajo a nadie, pero la salud está primero”, sentenció la abogada, que también criticó la falta de respuesta de las autoridades municipales y provinciales. Según explicó, durante años los habitantes de Venados Grandes no denunciaron por miedo a represalias o pérdida laboral. Hoy, con más de 300 personas afectadas, la comunidad empieza a hacer oír su reclamo.
