La provincia del Chaco sufre una devastadora pérdida de 8.685 hectáreas de bosque nativo de forma ilegal en el primer semestre de 2025, según un informe reciente de la organización ambientalista Greenpeace. Esta cifra alarmante forma parte de un relevamiento más amplio que también incluye a Santiago del Estero, sumando un total de 31.000 hectáreas desmontadas entre ambas provincias, un área equivalente a una vez y media la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe, basado en el análisis de imágenes satelitales, denuncia que la deforestación no solo persiste, sino que se lleva a cabo de manera ilegal. En el caso específico del Chaco, la organización advierte que no se está cumpliendo con un fallo judicial que suspendió los desmontes. Además, señalan que las autoridades provinciales no están ejerciendo un control efectivo sobre el cumplimiento de dicha resolución, sugiriendo una "complicidad" de los gobiernos provinciales.
Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, enfatiza que las multas económicas actuales no son suficientes para disuadir los desmontes ilegales. Explica que los empresarios agropecuarios suelen incluir las multas bajas como parte de sus costos de producción, y cuando son altas, recurren a abogados para evitarlas. Por ello, Greenpeace insiste en la necesidad de modificar el marco legal vigente para que la destrucción de bosques deje de ser una infracción administrativa y pase a considerarse un delito penal.
A pesar de que Argentina asumió compromisos internacionales, como la firma del compromiso de Deforestación Cero para el año 2030 durante la Cumbre Climática de Glasgow en 2021, los datos recientes de deforestación revelan que este objetivo parece estar lejos de cumplirse. El país sigue registrando elevados niveles de pérdida de bosques, lo que contradice las metas acordadas a nivel global.
La deforestación es calificada como un "ecocidio" que provoca una serie de graves consecuencias ambientales y sociales. Entre ellas se incluyen la desaparición de especies, el cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de comunidades indígenas y campesinas, y la pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Greenpeace advierte que, sin medidas urgentes y un cumplimiento efectivo de la ley, la situación de los bosques nativos en el norte argentino continuará deteriorándose, con impactos directos sobre el ambiente, las comunidades rurales y el clima. Es como intentar detener una inundación con una cuchara; la ley actual no es lo suficientemente robusta para la magnitud del problema.
