Expertos advirtieron que la cantidad insuficiente de dinero disminuirá la capacidad de supervisión que realizan los gobiernos provinciales sobre los desmontes ilegales. Esto es crítico, ya que el 30% de los fondos de la ley se destina a apoyo institucional en las provincias, mientras que el resto promueve la conservación y las actividades sustentables en los bosques.
El panorama financiero para la conservación es alarmante: el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, presentado por el Poder Ejecutivo, asigna apenas el 3,5% de lo que corresponde legalmente al financiamiento de la Ley de Bosques. Sumado a esto, el gobierno nacional ya dispuso la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos mediante el decreto 888/2024. Esta acción implica que los recursos previamente destinados a la conservación de estos ecosistemas podrían ser utilizados por el Estado Nacional de manera arbitraria para cualquier otro destino.
La regulación ambiental es indispensable en un contexto donde Argentina figura entre los 15 países con más deforestación de las últimas tres décadas. Según datos oficiales, entre 1998 y 2023, el país perdió cerca de 7 millones de hectáreas desmontadas. Monitoreos satelitales estimaron que solo durante 2024 se perdieron unas 150.000 hectáreas de bosques en el norte del país.
A esta crisis de financiamiento se suma la alerta por la insuficiencia de personal para combatir el fuego. Trabajadores de la Administración de Parques Nacionales denunciaron que solo cuentan con 363 brigadistas forestales. Esta cifra contrasta drásticamente con el mínimo requerido de 700 para poder cubrir cerca de 5 millones de hectáreas bajo su jurisdicción y asistir a las provincias cuando se los convoca.
Un coordinador de la campaña de Bosques de la entidad ambientalista señaló la preocupación por un posible aumento de los incendios forestales durante la primavera y el próximo verano, teniendo en cuenta la poca cantidad de precipitaciones y nieve caída. El mismo coordinador criticó que es evidente el desinterés del gobierno nacional de afrontar seriamente la emergencia forestal y la crisis climática. La reciente disolución del Fideicomiso Financiero y de Administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego también genera incertidumbre sobre los recursos necesarios para la prevención y el combate de futuros incendios.
