El 25 de febrero de 1976, en un clima de crisis económica, presión militar y fractura política, la Cámara de Diputados debatió un pedido de juicio político contra María Estela Martínez de Perón, una maniobra que buscaba desplazarla del poder y que, según algunos de sus impulsores, podría haber evitado el golpe de Estado más sangriento de la historia argentina.
Mientras la inflación se disparaba, el salario se licuaba y la desocupación crecía, el gobierno enfrentaba un escenario asfixiante, agravado por el lockout patronal del 16 de febrero impulsado por la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, una señal política contundente de ruptura entre el poder económico y la Casa Rosada, en un contexto donde el dólar duplicaba su valor en apenas un mes.
En ese marco, sectores opositores solicitaron tratar sobre tablas el juicio político por “inhabilidad política” contra la presidente, con el respaldo de bloques como la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales, aunque el Frente Justicialista de Liberación mantenía la mayoría, atravesado por profundas divisiones internas entre quienes sostenían a Isabel Perón y quienes buscaban una salida institucional alternativa.
Los sectores disidentes del peronismo evaluaban como salida una renuncia o licencia prolongada de la mandataria para que asumiera el presidente provisional del Senado, Ítalo Argentino Lúder, con la expectativa de descomprimir la presión militar y garantizar la continuidad democrática hasta las elecciones, una posibilidad que nunca se concretó por falta de apoyos decisivos en la votación.
El pedido de juicio político fracasó al no alcanzar los dos tercios necesarios y, aunque el gobierno resistió ese embate, su destino ya estaba sellado, como reconstruye Vicente Muleiro en su investigación histórica, en una Argentina donde el golpe aparecía como inexorable y donde aquella noche quedó marcada como la última oportunidad institucional para evitar la ruptura del orden democrático.
