En la zona sur de Ushuaia, a metros del aeropuerto y frente al canal de Beagle, el Gobierno nacional busca reactivar la construcción de la Base Naval Integrada, un proyecto que lleva décadas de planificación y que volvió al centro de la agenda en medio de la estrategia oficial por la soberanía sobre Malvinas. La obra contempla seis grandes frentes de infraestructura, entre ellos un muelle de 585 metros y un polo logístico destinado a las operaciones antárticas, con el objetivo de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y convertir a la ciudad fueguina en una plataforma de servicios hacia el continente blanco.
Un proyecto estratégico que vuelve a ponerse en marcha
La reanudación de los trabajos está prevista para principios de 2027 y el Gobierno apunta a completar las principales obras entre mediados y fines de 2029. El proyecto incluye el muelle, obradores para sostener los trabajos durante el invierno, un edificio de servicios marítimos, la urbanización del predio con agua, luz, gas e Internet, instalaciones de logística antártica y, posteriormente, la relocalización de la actual Base Naval Ushuaia junto con viviendas para el personal. La primera etapa contempla avanzar con 240 metros del muelle durante los primeros 18 meses, mientras que el desarrollo completo alcanzaría los 585 metros.
El proyecto tiene antecedentes de más de cinco décadas: los primeros estudios para trasladar la base naval a la península datan de 1971 y las obras comenzaron formalmente en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández y Jorge Taiana en Defensa. Para diciembre de 2023, los trabajos habían alcanzado un 9,13% de avance y luego quedaron prácticamente paralizados, aunque en agosto de 2025 volvieron a registrarse movimientos en el predio. Ahora, el Ministerio de Defensa recibió los nuevos pliegos y la Armada prevé avanzar con cinco licitaciones públicas en simultáneo, con el 2 de enero de 2027 como fecha prevista para el inicio efectivo de los trabajos.
El presupuesto y el financiamiento
El Gobierno ya reasignó $217.954 millones mediante el Decreto 867 para permitir el reinicio de las obras, mientras que el Presupuesto 2027 contempla más de $300.000 millones adicionales, una partida que todavía deberá ser debatida y aprobada por el Congreso. Tanto el ministro de Defensa, Carlos Presti, como el canciller Pablo Quirno remarcaron que la financiación será íntegramente argentina y que no habrá participación económica de otros Estados ni de organismos multilaterales, una definición que busca despejar las versiones sobre un eventual aporte estadounidense. La inversión, además, se presenta como parte de una estrategia más amplia para reforzar el monitoreo del Atlántico Sur y la proyección argentina hacia la Antártida.
La ubicación de Ushuaia también le otorga al proyecto una dimensión económica y geopolítica: la Armada busca que la futura infraestructura permita brindar servicios logísticos a buques argentinos y extranjeros que operen en la Antártida y competir con Punta Arenas, que actualmente concentra buena parte del tráfico hacia el continente blanco. Desde Defensa destacan que la cercanía de Ushuaia con aguas abiertas y su posición frente al canal de Beagle pueden convertirla en una alternativa estratégica, mientras que la mirada oficial también apunta a fortalecer la presencia argentina de cara a escenarios futuros como la revisión del Tratado Antártico prevista para 2048 y a mejorar el control de actividades ilegales en el Atlántico Sur.
El Gobierno vincula la obra directamente con su nueva estrategia sobre Malvinas y la soberanía argentina en el extremo austral, aunque Defensa insiste en que se trata de una infraestructura nacional con funciones navales, logísticas y antárticas. El desafío ahora será transformar los anuncios y los recursos ya asignados en una obra que durante décadas quedó inconclusa y que, según la planificación oficial, podría modificar el perfil estratégico de Ushuaia como puerta de entrada argentina a la Antártida.
