El bloque de senadores de La Libertad Avanza buscará avanzar esta semana con el dictamen de comisión sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), uno de los proyectos económicos emblemáticos de la gestión del presidente Javier Milei. La iniciativa, que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados desde el pasado 26 de agosto, será analizada este miércoles en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto y Hacienda, conducidas por Martín Goerling Lara (PRO) y Agustín Monteverde (LLA) respectivamente.
El proyecto establece que la misión principal del organismo monetario sea la preservación del valor de la moneda, al tiempo que prohíbe de forma explícita el financiamiento directo o indirecto al Tesoro Nacional y a las administraciones provinciales. Asimismo, la norma elimina las facultades de la entidad para orientar políticas crediticias diferenciadas, aislando al organismo de las necesidades financieras del sector público con el fin de erradicar la emisión monetaria como vía para cubrir el déficit fiscal.
Para lograr la sanción en el recinto antes de fines de septiembre, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, busca consolidar una mayoría amplia sobre la base de los 21 senadores propios, sumando el respaldo de los bloques del PRO y la UCR. No obstante, la atención política se centra en las conversaciones con legisladores de bloques provinciales y provinciales independientes para asegurar los tres votos finales que garantizarían el quórum y la aprobación definitiva de la ley.
El punto de mayor debate parlamentario gira en torno a las nuevas reglas para el nombramiento y la remoción de las autoridades del BCRA. La propuesta estipula que la designación del presidente y los directores requerirá el aval de ambas cámaras del Congreso por mayoría simple, mientras que su desplazamiento exigirá una mayoría calificada de dos tercios. Este esquema busca blindar la autonomía de la institución ante los recambios políticos, aunque genera reparos en sectores de la oposición por el reparto de atribuciones institucionales entre el Ejecutivo y el Legislativo.
