A casi un año del triple crimen de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez, cuatro nuevos sospechosos fueron detenidos tras una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal. Los procedimientos, que contaron con la participación de unos 300 efectivos de la DDI La Matanza a solicitud de la fiscal Mariela Labozzetta, permitieron la aprehensión de tres mujeres y un hombre de nacionalidad peruana en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, dictó el secreto de sumario hasta el próximo lunes, fecha en que los implicados prestarán declaración indagatoria.
Las investigaciones señalan que las víctimas fueron captadas la noche del 19 de septiembre de 2025 mediante un engaño en La Tablada, siendo trasladadas en una camioneta hacia un inmueble ubicado en la calle Chañar al 702, en Florencio Varela. En dicha vivienda, las tres jóvenes fueron sometidas a torturas, mutilaciones y golpes antes de ser ejecutadas, cuyos restos fueron hallados días después enterrados en un pozo en el patio trasero. La acusación formal sostiene que la causa de la masacre estuvo vinculada al robo previo de sustancias estupefacientes, utilizado como pretexto por la organización para organizar una falsa fiesta y exigir la devolución del material.
Por el hecho ya se encuentran imputadas once personas bajo los cargos de triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, el concurso premeditado de dos o más personas y por mediar violencia de género. Entre los principales acusados destaca Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado por los investigadores como una pieza fundamental en la planificación logística, el traslado, cautiverio y posterior asesinato de las víctimas, mientras que otros investigados fueron desvinculados del expediente tras dictárseles la falta de mérito.
Con las nuevas aprehensiones, los investigadores buscan cerrar el círculo de responsabilidades en la estructura logística de la banda y precisar el grado de participación de cada uno de los implicados. La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal debido a la complejidad de las conexiones con el crimen organizado y el narcotráfico en la zona sur del Conurbano.
