La preocupante situación vial en el Chaco ha dejado de ser un mero problema de circulación o infraestructura para transformarse en una auténtica crisis de salud pública que golpea con fuerza a las familias locales. Los directores de los hospitales más importantes de la provincia, como el hospital Perrando de Resistencia y el 4 de Junio de Sáenz Peña, junto al director de Emergencias Médicas, Nicolás Ivancovich, han alzado la voz de alarma ante un sistema sanitario asfixiado por la atención de colisiones que son enteramente prevenibles. Este escenario cotidiano drena recursos millonarios del presupuesto colectivo y destruye vidas en sus etapas más productivas.
El corazón del conflicto radica en que el 96% de los siniestros viales en la provincia involucra a motocicletas, el principal medio de transporte y subsistencia para miles de chaqueños frente a un transporte público que resulta deficiente y costoso. Esta altísima tasa de colisiones provoca que cerca del 90% de los recursos prehospitalarios —como ambulancias, insumos críticos y personal especializado— se destine exclusivamente a asistir estas emergencias evitables. Como consecuencia directa, las salas de urgencias se saturan con cirugías complejas y fracturas graves que demandan entre 5 y 7 días de internación postquirúrgica, desplazando la capacidad de respuesta ante patologías críticas no prevenibles como infartos o accidentes cerebrovasculares.
A pesar de que los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial señalan una reducción del 23% en las muertes por siniestros en la jurisdicción, los profesionales advierten sobre la falta de estadísticas oficiales confiables respecto a los lesionados y sus secuelas. La gravedad de este vacío metodológico quedó expuesta a nivel internacional durante la última asamblea de la OISEVI en Madrid, donde Argentina se convirtió en el único país participante que no presentó estadísticas de heridos debido a la falta de coordinación de datos entre las provincias. Sin estos indicadores clave, resulta sumamente complejo diseñar políticas públicas integrales que superen la lógica punitiva o de recaudación municipal para abordar el problema con seriedad técnica.
La desatención a esta epidemia silenciosa también se refleja en la escasa difusión de las herramientas de contención vigentes. Aunque el Chaco cuenta con la ley provincial 3871-C —que dispone un plan de capacitación y promoción de la Línea nacional 149 (opción 2) de asistencia gratuita a las víctimas de tránsito—, el Estado provincial no realiza una difusión activa de este servicio, quedando su visibilización relegada al compromiso de los medios de comunicación locales. Frente a la falta de respuestas coordinadas, las Estrellas Amarillas pintadas en el asfalto se multiplican no como hechos del destino, sino como testimonios dolorosos de fallas sistémicas que la sociedad pudo y debió haber evitado.
Para frenar esta sangría de recursos y vidas en las calles chaqueñas, los especialistas urgen a abandonar las declaraciones de emergencia vial que funcionan como meros parches coyunturales. En su lugar, se demanda un abordaje integral que priorice el rediseño de la infraestructura pública para proteger a los usuarios más vulnerables, una fiscalización preventiva y sostenida del uso de casco, alcoholemia y límites de velocidad, y la inspección técnica del parque vehicular. Asimismo, se insiste en la necesidad imperiosa de incorporar la educación vial obligatoria en todos los niveles educativos para generar una pedagogía del cuidado y un cambio cultural profundo en la vía pública.
