La causa por el ejercicio ilegal de la medicina contra Lidia Mabel Ojeda se encamina hacia su etapa definitoria, mientras la Fiscalía concentra sus esfuerzos en una medida que podría resultar determinante para cerrar la investigación penal preparatoria.
El fiscal de investigaciones de Presidencia Roque Sáenz Peña, Marcelo Soto, explicó que la ampliación de la declaración de la acusada no modificó el rumbo del expediente y que los señalamientos realizados contra exautoridades sanitarias no tienen, por sí solos, suficiente peso probatorio.
Durante la audiencia, Ojeda ratificó su accionar en distintos centros de salud del interior provincial y mencionó al exdirector del Hospital de Quitilipi, Freddy Acuña, entre quienes supuestamente le habrían facilitado sellos y matrículas para realizar guardias. Soto remarcó que las declaraciones de una persona imputada no se realizan bajo juramento y deben ser respaldadas por pruebas concretas.
Ahora, el foco está puesto en el teléfono celular secuestrado a la acusada, cuyo contenido será sometido a una pericia informática prevista para septiembre. El procedimiento contará con la participación de peritos de parte y permitirá analizar comunicaciones, coordinaciones y otros elementos que puedan aportar información sobre las responsabilidades investigadas.
Con ese informe técnico, la Fiscalía quedaría en condiciones de cerrar la investigación penal preparatoria y avanzar con el requerimiento de elevación a juicio. El expediente generó repercusión por las sospechas vinculadas al uso irregular de documentación profesional durante atenciones en hospitales públicos del interior chaqueño.
