La ausencia de los bloques opositores y la sorpresiva inasistencia de una concejal alineada con el intendente Roy Nikisch impidieron que el oficialismo lograra el número reglamentario para tratar el proyecto.
El conflicto legislativo expuso una profunda fractura política en la coalición gobernante respecto al abordaje de esta problemática. Trascendió que el intendente Nikisch mantendría disensos con el tenor punitivo de la norma, prefiriendo evitar la criminalización directa de los sectores vulnerables y delegando el control operativo de las calles a la Policía del Chaco.
En las afueras del edificio municipal, un grupo de trabajadores informales se concentró para manifestar su rechazo a la ordenanza, advirtiendo sobre el impacto en su sustento diario. "Si no trabajamos, no comemos", expresaron los manifestantes, quienes además reclamaron que no se los estigmatice de manera generalizada ni se los "ponga a todos en la misma bolsa".
El proyecto impulsado por el oficialismo busca erradicar el cobro irregular en la vía pública mediante sanciones, pero enfrenta fuertes críticas por la falta de alternativas laborales para quienes dependen de esta tarea. Concejales de la oposición escucharon los reclamos y señalaron que la prioridad debería ser detectar a quienes cometen delitos en lugar de tratar a todos por igual.
Pese a este revés, el ala dura del bloque oficialista ratificó que volverá a insistir con el tratamiento de la prohibición en la próxima semana. Mientras tanto, la parálisis parlamentaria ha comenzado a afectar otras actividades del Concejo, convirtiéndose en un termómetro de la gobernabilidad local ante una demanda social de alta sensibilidad.
