El frente judicial que salpica a una de las espadas políticas y comunicacionales más relevantes del Poder Ejecutivo Nacional sumó precisiones documentales de alto impacto tras la apertura de sus registros patrimoniales. Los expedientes que tramitan la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, incorporaron auditorías detalladas sobre el flujo de fondos de sus cuentas particulares. De acuerdo con las planillas oficiales del Banco Central de la República Argentina obtenidas a partir del levantamiento del secreto bancario, el matrimonio consolidó consumos con tarjetas de crédito por una cifra superior a los 85,1 millones de pesos a lo largo del período anual anterior.
La dimensión de los desembolsos mensuales llamó la atención de las autoridades judiciales debido a la evidente asimetría existente entre el nivel de vida exhibido por el grupo familiar y los haberes percibidos en el ejercicio de la función pública. El desglose de los plásticos bancarios arrojó un promedio de erogaciones de 7,1 millones de pesos cada treinta días, un monto que duplicaba los ingresos formales del funcionario en la Casa Rosada. Al evaluar la consistencia de los depósitos destinados a cancelar los resúmenes y la regularidad con la que se extinguían las deudas de la pareja, los peritos contables destacaron la puntualidad en los pagos automáticos procesados a través del Banco Galicia: “Los pagos se realizaron mediante débitos bancarios automáticos en pesos desde cuentas del Banco Galicia y se mantuvieron siempre al día”.
Los informes financieros elaborados para el juzgado federal interviniente exponen que, desde el desembarco del portavoz presidencial en la administración libertaria en diciembre de 2023 hasta el primer trimestre del presente año, el acumulado con plásticos rozó los 176 millones de pesos, conservando siempre la calificación de máxima normalidad crediticia ante las autoridades de control. A este flujo regular de consumos se le adosaron otros costos de mantenimiento fijos abonados por fuera de los sistemas electrónicos de pago, tales como 700.000 pesos mensuales en concepto de expensas por una propiedad en el country Indio Cuá y cuotas escolares de sus hijos estimadas en 800.000 pesos por idéntico período.
La investigación judicial también identificó un comportamiento asimétrico entre los cónyuges a partir del análisis en términos reales de sus gastos indexados. Mientras que el perfil de consumos del jefe de ministros experimentó una contracción del 28,1% en el cotejo bianual, los registros de su esposa crecieron un 21% hasta tocar un techo de 7,8 millones de pesos en septiembre pasado, fecha que coincidió con su migración del régimen de monotributo hacia la inscripción como autónoma ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La proyección global de los gastos bajo sospecha —que abarca refacciones edilicias en efectivo por 245.000 dólares, transacciones inmobiliarias y pasajes turísticos— sitúa el universo de erogaciones por encima de los 400.000 dólares.
La defensa técnica del funcionario buscará justificar los movimientos económicos amparándose en el incremento salarial percibido tras su nombramiento como jefe de Gabinete en noviembre pasado, designación que elevó sus haberes brutos a 7,6 millones de pesos en enero de este año, en paralelo a su designación provisional en el directorio de la petrolera estatal YPF. Los fiscales del caso avanzarán en las próximas semanas con los cruces fiscales definitivos para dictaminar si la masa de dinero en efectivo utilizada para financiar la remodelación de su vivienda de un barrio cerrado y los compromisos asumidos mediante mutuos e hipotecas privadas encuentran correspondencia con actividades comerciales lícitas y previamente declaradas.
