La incertidumbre por la falta de previsibilidad en los haberes de la administración pública y los antecedentes de quitas unilaterales en ministerios locales motivaron la presentación de una norma de protección. El diputado provincial, Santiago Pérez Pons, detalló en Radio Facundo Quiroga el alcance de la iniciativa: "Establece que todas las bonificaciones, que los trabajadores vienen cobrando hace muchísimo tiempo, puedan blindarse para que ningún gobierno pueda recortar ingresos de un día para otro". Sobre la intención de otorgar seguridad jurídica a los empleados frente a la ausencia de incrementos reales, señaló: "Le damos garantía y previsibilidad a los trabajadores de que todos los conceptos salariales que vienen cobrando estén garantizados durante todos los gobiernos". En relación a la viabilidad económica de la propuesta para las arcas provinciales, destacó: "Este proyecto de ley no tiene ningún costo fiscal para el Estado, porque acá no se están determinando los aumentos sino se está intentando proteger y darle tranquilidad al trabajador".
El conflicto ocurrido en el Ministerio de Producción, donde cientos de familias sufrieron reducciones drásticas en sus ingresos de un mes a otro, funciona como el disparador central para evitar futuras judicializaciones. Al recordar el impacto que tuvo la eliminación de incentivos para los agentes estatales que debieron recurrir a amparos, Pérez Pons precisó: "Los trabajadores tuvieron tres meses de mucha angustia y súper endeudados para que la justicia les diga que tienen razón y les tienen que devolver lo que era suyo". Respecto al principio de progresividad que busca instaurar la ley para impedir retrocesos en los derechos adquiridos, manifestó: "Esto significa que no puede volverse para atrás, sino que todo lo que venga hacia adelante tiene que subir al menos un escalón". Acerca de la naturaleza técnica de los adicionales que perciben los empleados según su función específica, puntualizó: "Son todos conceptos que se pagan y que son remunerativos, que lo cobra el trabajador activo y también el jubilado".
La propuesta tomará estado parlamentario en la próxima sesión para ser analizada por las comisiones técnicas mientras se cuestiona el uso de los excedentes financieros del Tesoro. Sobre el inicio del trámite legislativo y la postura que espera por parte del bloque oficialista, el diputado detalló: "El próximo miércoles va a tomar estado parlamentario y pasará a las comisiones para intentar persuadir de que, si queremos darle previsibilidad a la gente, no tendrán problema de aprobar la ley". En cuanto a la disponibilidad de recursos acumulados por el Ejecutivo que podrían volcarse a las prioridades de los asalariados, sostuvo: "El gobierno tiene en el Tesoro de la provincia $80.000 millones reservados que no los destina a prioridades como, por ejemplo, reintegrar la cláusula gatillo a los docentes". Finalmente, sobre el marco de diálogo obligatorio que pretende establecer esta legislación para futuras gestiones, Pérez Pons concluyó: "Cualquier modificación que se tenga que discutir, se lo debe hacer en la mesa con los trabajadores".
Este artículo fue creado a partir de una entrevista en vivo. Las personas mencionadas y/o involucradas en el mismo tienen su correspondiente derecho a réplica que puede coordinarse comunicándose a la producción al número 362 481-5204.
